Demasiada cara dura tiene esta sarta de lacras que mantiene preso a nuestro país, para cada situación que les adversa crean una “ley” o activan algún mecanismo que los salve para continuar delinquiendo con un show de legalidad. Hay un dicho que se ha popularizado en estos últimos tiempos: La justicia venezolana no es una dama ciega, es una prostituta chavista. Con la llegada al gobierno de los capos-criminales, las instituciones de mi patria se han pervertido en extremo violando las leyes, la ética y la moral a cambio de dinero. Recientemente y para sumar violaciones a la Constitución han sacado de debajo de la manga dos nuevas tretas legales: Terrorismo biológico con el tema de las bombas de excremento que se inventó la Resistencia para detener la represión por parte de las fuerzas policiales y Guardia Nacional, y la aplicación de Justicia Militar para los civiles. Por donde quiera actuar el pueblo para gritar inconformidad con este caos creado por el PSUV y sus desequilibrados directivos, saldrá un invento ilegal para justificar sus acciones cada vez más represivas y atroces.
El Intergaláctico dejó como legado el 99% de las instituciones férreamente controladas por sus secuaces. Entre ellas, la Fiscalía General de la República quien hasta ahora fue pieza clave para controlar el sistema de justicia de Venezuela, pero lo desmesurado de los atropellos y las barbaridades que está cometiendo este gobierno ambicioso y delincuente, hicieron despertar la diminuta reserva moral que le quedaba a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, quien ha rechazado públicamente las medidas inconstitucionales y ha reaccionado ante las atrocidades cometidas por los órganos de seguridad del estado.
Lamentablemente, su despertar moral ha sido demasiado tímido y sospechoso, si lo comparamos con todos los atropellos y mandados criminales de los cuales ha sido cómplice consciente, incriminaciones, imputaciones, acusaciones falsas sin pruebas, en los que ha participado. Esta posición de la Fiscal sin embargo ha exacerbado la capacidad del narcorégimen para prostituir la ley, quien lejos de corregir su rumbo se ha terminado de lanzar de bruces a la inconstitucionalidad y a la violación de los derechos humanos y los tratados internacionales. Ya no será la Fiscalía del Ministerio Público, instancia civil, la titular de la acción penal en los juicios que se sustancian contra los manifestantes detenidos, ahora será la jurisdicción militar la que juzgue a estos ciudadanos violando el principio del Debido Proceso y el Juez Natural; fortaleciendo, cada vez más, al estamento militar de la República.
En la diatriba judicial, debemos destacar que al amparo de la Constitución de 1999, de la cual soy firmante y que está más vigente que nunca, el Ministerio Público es competente para enjuiciar a civiles y a militares que cometan delitos comunes (no militares), como por ejemplo al militar que arrollo con una tanqueta a un civil que protestaba en las calles de Caracas; sin embargo, la jurisdicción militar solo puede a militares activos, que cometan delitos de naturaleza militar, pues el alegado Código Orgánico de Justicia Militar es preconstitucional y, solo se aplican aquellos artículos que no contravengan la Constitución.
Con esta acomodaticia medida, el régimen ha obligado a la justicia militar desplazar a la justicia ordinaria para tratar los juicios políticos adelantados a los detractores del régimen, en su mayoría jóvenes que solo aspiran tener un futuro de libertad y progreso. Es importante destacar que la justicia militar es por su propia naturaleza, menos independiente que la ordinaria pues sus jueces deben ser militares y éstos están formados en una estructura del ejecutivo sometida legalmente a subordinación. Así, el Código Orgánico de Justicia Militar, establece en su artículo 54 que el Presidente de la República es un funcionario de justicia militar:
“Artículo 54. Son atribuciones del Presidente de la República, como funcionario de justicia militar (…)”
Adicionalmente es él quien designa a los fiscales militares:
Artículo 71. Los Fiscales Militares y sus respectivos suplentes serán nombrados por el Presidente de la República, durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos y deberán ser oficiales en servicio activo.
Como pueden ver, los jueces y fiscales militares son soldados sometidos al control del narcoregimen. Dicho en criollo, que el Régimen ¡se cobra y se da el vuelto!
La narcodictadura está agonizando, como lo dijo Unamuno, ya ni convencen ni persuaden, solo permanecen porque tienen sobrada fuerza bruta, pero les falta lo que le sobra a los jóvenes que están dando el todo por el todo cada día en la calle, la razón y el derecho en la lucha.
Estas dos estrofas del himno nacional –más vigente que nunca- las recuerdo en honor a los caídos y en aliento a quienes están arriesgando sus vidas por la libertad.
Gloria al bravo pueblo
que el yugo lanzó
la Ley respetando
la virtud y honor.
I
Abajo cadenas
gritaba el señor
y el pobre en su choza
libertad pidió
a este santo nombre
tembló de pavor
el vil egoísmo
que otra vez triunfó.
Con mucho ánimo por los esfuerzos y logros del pueblo en franca RESISTENCIA al humillante régimen y cada día más seguro de su aparatosa caída les envío mi solidaridad y continúo luchando desde el exilio con lo único que me queda: MI PLUMA Y MI PALABRA
José Gregorio Briceño Torrealba
“El Gato” Briceño
Twitter: @josegbricenot
