Ante la aberrante, evidente y denigrante vinculación de altos funcionarios del gobierno venezolano con el tráfico internacional de estupefacientes, la próxima semana haré llegar a Asamblea Nacional (AN) una propuesta de Enmienda Constitucional con la finalidad de hacer posible la entrega de ciudadanos venezolanos que sean requeridos por la justicia internacional por tráfico de drogas.
En mi condición de Constituyentista e hijo del federalismo, apoyé la consagración del Principio de no Entrega de Nacionales a países extranjeros previsto en el artículo 69 de nuestra Constitución, entendiendo que el mismo no pretendía la impunidad del nacional del Estado requerido, sino hacer efectivo el derecho que tiene todo Estado de imponer por sí mismo un castigo a sus nacionales. Teniendo como corresponsabilidad, que Venezuela tiene el deber de enjuiciar al nacional requerido en extradición, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana.
Ciertamente, cuando los constituyentistas redactamos el texto constitucional, pretendíamos ensalzar la república naciente blindando su soberanía y el derecho de autodeterminación. Jamás sospeché el rumbo delincuencial que iba a tomar la dirigencia gubernamental de mi país.
Son muchas las vinculaciones que nacionales y extranjeros conocen de altos funcionarios del poder público venezolano con las redes de narcotráfico internacional; siendo el caso más emblemático, el de los sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, detenidos en Haití, el 10 de noviembre de 2015, con un cargamento de 800 kgs de cocaína que pretendían transportar hacia Estados Unidos.
Tristemente, en Venezuela sufrimos los embates de un gobierno personalista, ególatra, ciego, que violenta, no solo el orden constitucional y democrático sino que también atenta contra el orden moral y social de nuestra nación. La falta de autonomía de los poderes, la corrupción desbordada, especialmente multiplicada entre funcionarios públicos, nos obliga a revisar el principio constitucional de no entrega de nacionales previsto en el artículo 69 de nuestra Carta Magna.
Es por ello que aún habiendo sido corredactor de la Carta Magna, 17 años después, la realidad nos obliga a revisar algunas instituciones e implementar los correctivos necesarios que permitan garantizar que la persona que cometa delitos con implicaciones internacionales pague efectivamente condena, en cualquier país que se vea afectado por la comisión del delito. Este régimen, obviamente no es ni capaz ni tiene la voluntad de enjuiciar a sus socios comerciales en el negocio del narcotráfico, haciendo de Venezuela el paraíso de los colaboradores del Cartel del Gobierno, dejando impunes delitos tan graves como el de tráfico internacional de estupefacientes y los delitos que orbitan alrededor de éste (secuestro, homicidio, extorsión...).
La lucha contra la delincuencia organizada encuentra una fuerte muralla cuando se constata que en muchos casos, los delincuentes están investidos de autoridad y amparados con la inmunidad de los cargos, como los narcodiputados Diosdado Cabello Rondón, hoy jefe del temido Cartel del Sol; Hugo Carvajal Barrios y Pedro Carreño Escobar, vinculados al narcotráfico nacional e internacional de estupefacientes. Dicha enmienda blindará cualquier falsa investidura o artimaña que intente este combo perverso para salvarse del merecido escarmiento que deben pagar.
Todos sabemos que el fin de este régimen está cerca y por eso tenemos que tener todos los instrumentos legales a tono para entregar, entre otros, a los diputados antes señalados al gobierno norteamericano. Por eso haré llegar a la directiva de la Asamblea Nacional esta propuesta de enmienda constitucional, donde seguramente, habrá un intenso debate jurídico, sin embargo, en el mundo globalizado que vivimos, es injusto que los ciudadanos comunes paguemos las consecuencias que colateralmente genera el crimen organizado y las mafias amparadas por la impunidad y el desgobierno, pero bien vale la pena dar el debate.
De ser aprobada esta enmienda, tal como he venido diciendo, seré el primero en liderizar la búsqueda, captura y posterior entrega de los malandros que ocupan Miraflores y otras instituciones públicas del país, colaborando con cualquier nación que quiera enfrentar realmente el flagelo de narcotráfico internacional, en el que lamentablemente nuestra patria ha tomado un rol protagónico al punto de convertir a nuestro país en un reconocido centro global de tráfico de cocina y lavado de dinero, escudado con la permisiva y cómplice gestión de gobierno en todos sus niveles.
Con fortaleza y gallardía seguiré enfrentando las múltiples vicisitudes que aún nos quedan por sortear en la reconquista de la dignidad y la democracia de Venezuela, con lo único que me queda MI PLUMA y MI PALABRA.
José Gregorio Briceño Torrealba
“El Gato” Briceño.
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